La PMcM alerta sobre posibles prácticas irregulares en los pagos de las Administraciones Públicas
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha denunciado la existencia de posibles prácticas irregulares por parte de las Administraciones Públicas (AA.PP.) en los pagos a sus proveedores. Según esta entidad, algunas administraciones estarían retrasando deliberadamente el registro oficial de las facturas o promoviendo la reemisión repetida de documentos con errores, lo que permite ampliar los plazos de pago sin vulnerar legalmente la normativa vigente.
El Ministerio de Hacienda informa que las Comunidades Autónomas han pagado, en marzo de 2025, con una media de 22 días, cumpliendo el límite legal de 30 días. Sin embargo, el “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2024”, elaborado por la PMcM, revela que el 78% de los proveedores de la Administración Regional afirman haber sufrido demoras por encima del plazo legal. Para la PMcM, los plazos legales rara vez se cumplen.
El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, reconoce que las diferencias en los datos pueden deberse al tamaño y procedencia de las muestras, pero asegura que la discrepancia es demasiado significativa para atribuirla solo a cuestiones metodológicas. Además, señala que estas diferencias también han sido constatadas por el Observatorio de Pagos de la Unión Europea, que ha detectado inconsistencias entre los datos oficiales españoles y los recogidos por entidades especializadas como Intrum y la propia PMcM.
Cañete advierte que se han identificado prácticas como el retraso intencionado en el registro de facturas, como presuntamente ocurrió en el Ayuntamiento de Lugo, lo que altera artificialmente los plazos sin dejar rastro en los sistemas oficiales. También denuncia la práctica de reemitir facturas con errores de forma recurrente, lo que reinicia el cómputo de plazos con cada nueva versión, ampliando aún más el tiempo real de espera para los proveedores.
Ante esta situación, la PMcM solicita una investigación urgente por parte de las autoridades competentes y reclama reformas en el sistema de facturación electrónica (FACe) que impidan estas maniobras. La plataforma considera que estas prácticas suponen un “pago desleal” y advierte que su repetición generalizada pondría en peligro la viabilidad de miles de empresas proveedoras en España.
